Impuestos que debes pagar si eres No Residente y tienes una vivienda en España.

Los no residentes en España que sean propietarios de un inmueble deben
presentar el modelo 210 en Hacienda, aunque el inmueble no haya estado
alquilado durante 2019.

  • Al Igual que sucede con los
    residentes fiscales en España, el propietario de un inmueble urbano no
    alquilado debe declarar la imputación de renta inmobiliaria.

El coste fiscal de esta obligación es mínimo, pero es obligatorio.

El rendimiento a declarar será la cantidad resultante de aplicar el 2% del
valor catastral del inmueble (1,1% si está actualizado), aplicándose sobre el
resultado el tipo de gravamen del 24% (para los residentes en la Unión Europea
y Espacio Económico Europeo el tipo será del 19%), dándonos la cuota a pagar.

La declaración correspondiente a dichos rendimientos se realizará
durante todo el año natural siguiente al devengo
siendo la fecha del devengo el 31 de diciembre

  • En cambio, si su inmueble ha estado alquilado,
    deberá presentar el modelo 210 trimestralmente, declarando los ingresos y
    gastos de cada trimestre.

En este caso el rendimiento a declarar será el importe íntegro
que se cobre al arrendatario
, sin deducir gasto alguno, salvo residentes en
países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por ejemplo, los
intereses de un préstamo solicitado para adquirir el inmueble, los gastos de
reparación y conservación, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los gastos de
comunidad, suministros, amortizaciones…). Dicho rendimiento se gravará al
tipo del 24%, que será del 19% en el caso de residentes en la Unión Europea y
Espacio Económico Europeo.

Como el inmueble se encuentra alquilado a un particular, el modelo a
utilizar para declarar dichos arrendamientos también será el Modelo 210 Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento
permanente
. El plazo
de presentación e ingreso en este caso será los veinte primeros días naturales
de los meses de abril, julio, octubre y enero
, en relación con las rentas
cuya fecha de devengo esté comprendida en el trimestre natural anterior.

Cuando el inmueble sea propiedad
de un sólo individuo, de un matrimonio o de varias personas, cada una de ellas
es un contribuyente independiente, por lo que deberán presentar declaraciones
separadas. Es decir tantas declaraciones como personas individuales sean
propietarias y como propiedades existan.

En CONTASULT
quedamos a su disposición para asistirle en cualquier asunto relacionado con
sus impuestos, puede visitarnos en nuestras oficinas, o bien en el teléfono
956.69.51.48.

Novedades para el Trabajador Autónomo

En los últimos meses os hemos venido informando acerca de las novedades de las medidas recogidas en la Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo que ha entrado en vigor el pasado 1 de Enero. Algunos de los cambios más notables hacen referencia a la conocida como Tarifa Plana, aumento de las bonificaciones, pago de cuotas, protección in itinere y gastos deducibles.

En esta ocasión queremos poner el énfasis en el Artículo 32 del Reglamento de Afiliación de la Seguridad Social que recoge  la forma, lugar y plazo de las solicitudes de altas, bajas  y variaciones de datos.

Hasta ahora se realizaba en primer lugar el alta en Hacienda y luego, dentro de un plazo de 30 días, se registraba el alta en la Seguridad Social. El cambio introducido afecta al orden en el que se realizan las altas ya que ahora habría que tramitar primero el alta en la Seguridad Social y luego en Hacienda.

Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella.

Pero ojo que esto no significa que estemos cotizando desde ese mismo día, sino que el alta se registrará con la fecha en la que tengamos previsto iniciar nuestro negocio o actividad. El alta en Hacienda se hará también con esa fecha prevista de inicio, por lo que si es posible, se recomienda realizar ambas altas el mismo día y así evitarnos problemas o hacerlo fuera de los plazos reglamentarios.

Es importante tener en cuenta que para todos estos trámites es necesario disponer de certificado electrónico de firma.

Otro asunto que suele crear confusión y malentendidos, es la deducción de los gastos en IRPF e IVA. Se debe considerar que la inclusión de gastos como deducibles que en realidad no lo son puede resultar tentador, pero constituye motivo de comprobaciones tributarias que pueden acabar en inspección y sanción.

Los requisitos de Hacienda para permitir la deducción de los gastos son los siguientes:

Los gastos tienen que estar vinculados a la actividad económica que realizas como autónomo.

Todos ellos deben estar justificados con sus correspondientes facturas, aunque en determinadas ocasiones se aceptan los recibos.

Han de estar registrados en la contabilidad, es decir, en el libro de gastos e inversiones que obligatoriamente tienes que cumplimentar como autónomo.

Nuestros compañeros de Contasult pueden encargarse de todas las gestiones para que el trabajador Autónomo no deba preocuparse por ningún trámite y  así centrarse exclusivamente en el desarrollo de su actividad.


NEW MEASURES FOR SELF-EMPLOYED WORKERS

Over the last few months we have been providing information about the new measures outlined in the Law of urgent reforms to self-employed work that came into force on 1 January. Some of the most notable changes refer to what is known as the Flat Rate, an increase in allowances, the payment of fees, protection in itinere and deductible costs.

On this occasion we want to put an emphasis on Article 32 of Regulation of Social Security Affiliation which outlines the manner, place and deadline for the request to register, de-register and change data.

Up until now, registration was initially carried out at the Tax Authority and then, within a period of 30 days, registration was recorded at Social Security. The change made affects the order in which social security is carried out and it is now necessary to first process the registration at Social Security and then at the Tax Authority.

Applications to register must be submitted by obliged subjects prior to the start of the provision of services by the worker, but under no circumstances can this be prior to 60 calendar days before the planned start of said provision.

Attention, this does not mean that we will making contributions from that very day on, but rather that the registration will be recorded on the date that you plan to start your business or activity. Registration at the Tax Authority will also be carried out with that planned start date, therefore if possible, it is recommended to carry out both registration on the same day and thus avoid problems or doing so outside of the regulatory time limits.

It is necessary to bear in mind that for these processes it is necessary to have an electronic signature certificate.

Another issue that normally creates confusion and misunderstandings, is the deduction of Personal Income Tax and VAT deductions. It is necessary to consider that the inclusion of expenses as deductibles when in reality they are not is tempting, but it constitutes a reason for tax checks that may result in an inspection and fine.

The Tax Authority requirements for allowing the deduction of expenses are as follows:

The expenses must be linked to the economic activity that you carry out as a self-employed worker.

All of them must be justified with their corresponding invoices, although on specific occasions receipts are accepted.

They must be recorded in accounts, that is to say, the book of expenses and investments that you are obliged to fill in as a self-employed worker.

At Contasult we can take care of all the processes so that the self-employed worker does not need to worry about formalities and can thus solely focus on their work.

¿Conciliación o Juicio?

Si un trabajador impugna su despido laboral, es obligatorio acudir a conciliación previa, con el fin de que las partes lleguen a un acuerdo y evitar el juicio.

En el caso de que sea un despido que pueda ser declarado nulo porque su empleado se encuentra en una situación especialmente protegida (por ejemplo, si se trata de una embarazada, o de un trabajador que tiene la jornada reducida por guarda legal), suele ser preferible llegar a un acuerdo en el acto de conciliación. Piense que si hay juicio y gana su empleado, usted no podrá solventar el problema pagando una indemnización: deberá readmitirlo y pagarle los salarios de tramitación (los salarios devengados durante el pleito).

Cuando el despedido es un representante de los trabajadores, también le interesa el acuerdo. Si el despido se declara improcedente, la opción entre la readmisión o la indemnización le corresponde a él, y en ambos casos con salarios de tramitación.

Otro caso en el que deberá valorar positivamente un posible acuerdo, es si se trata de un despido objetivo. En ese caso puede plantearse un despido con una indemnización superior a 20 días de salario por año de servicio pero inferior a 33. De otro modo, si va a juicio y el despido es improcedente, deberá abonar la máxima indemnización.

Por último, el pacto previo también puede interesar si ha despedido a un empleado en IT (Incapacidad Temporal). Algunos tribunales están declarando nulos los despidos de este tipo.

Lógicamente, las consideraciones anteriores ceden si usted dispone de pruebas sólidas sobre la infracción cometida por el trabajador (por ejemplo, si dispone de grabaciones que acreditan que hurtó dinero o bienes de la empresa). Si se trata de una infracción muy grave (es decir, que justifica el despido), es muy probable que el juez acabe declarando que dicha medida es procedente, lo que le eximirá de pagar cualquier tipo de indemnización.

En caso de que el conflicto no derive de un despido sino de una reclamación de cantidad, verifique si puede dar lugar a otras demandas “en cascada” (porque hay empleados en la misma situación que esperan a ver si esa reclamación prospera). Si es así, valore la opción de no cerrar ningún acuerdo y esperar a la sentencia.

Su empresa está obligada a acudir al acto de conciliación, aunque ya tenga claro que no quiere llegar a ningún acuerdo. Si no lo hace, podrá imponerle una multa de entre 180 y 6.000 euros. Además, si la sentencia es favorable al trabajador, deberá pagar los honorarios de la otra parte.


CONCILIATION OR TRIAL?

If a worker appeals their dismissal from a job, it is obligatory to attend a prior conciliation in order for the parties to reach an agreement and avoid a trial.

In the event that it is a dismissal that can be declared void because your employee is in an especially protected situation ((for example, it involves a pregnant woman, or a worker who has a reduced workday for legal guardianship reasons), it is normally preferable to reach an agreement at the conciliation proceedings. Think that if there is a trial and your employee wins, you will be unable to resolve the problem by paying compensation: you will have to rehire them and pay them the salary for the proceedings (the salary earned during the dispute).

When the dismissal is of a worker representative, it is also advisable to reach an agreement. If the dismissal is declared improper, the option between rehiring or compensation corresponds to them, and in both cases with procedural salary.

Another case where you should positively assess a possible agreement, is where it is an objective dismissal. In this case, you can be dealing with a dismissal with compensation of more than 20 days of salary per year of service, but less than 33. Otherwise, if you go to trial and the dismissal is improper, you will have to pay the maximum compensation.

Lastly, a prior agreement may also be of interest if you have dismissed an employee with TI (Temporary Invalidity). Some courts are declaring dismissals of this type to be void.

Logically, the prior considerations do not apply if you have solid evidence of the breach committed by the worker (for example, if you have recordings that prove that they stole money or company goods). If dealing with a very serious breach (i.e it justifies dismissal), it is very likely that the judge will end up declaring that the measure is proper, therefore you will be exempted from paying any kind of compensation.

In the event that the conflict does not result from a dismissal but rather from a claim for a quantity, check if it could result in a “cascade” of other claims (because there are employees in the same situation waiting to see if the claim comes to fruition). If that is the case, assess the option of not reaching any agreement and wait for the ruling.

Your company is obliged to attend the conciliation event, even if it is clear that it does not want to reach an agreement. In the case of non-attendance, a fine of between 180 and 6,000 Euros may be imposed. Also, if the ruling is in favour of the worker, it is necessary to pay the fees of the other party.

Contrato de Formación y Aprendizaje

La finalidad principal del contrato de formación y aprendizaje es formar al trabajador de forma completa en una profesión determinada, mediante formación práctica, en su puesto de trabajo, y teórica, a través de la formación oficial de Certificado de Profesionalidad inherente a este contrato.

Hace unos meses se publicó en el BOE la ayuda de 430 euros que se destina a aquellos jóvenes menores de 30 años, inscritos en el sistema de Garantía Juvenil, bajo un contrato de formación y aprendizaje.

Este modelo de contrato está destinado al fomento de la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años, pero además debemos saber que es el tipo de contrato que más beneficios aporta actualmente a la empresa o empleador.

Pero ¿qué requisitos son necesarios para poder acogerse a estos beneficios?

Para que la empresa pueda contratar bajo esta modalidad, tan sólo se requiere estar al tanto de los pagos con Hacienda o Seguridad Social, es decir, no tener deuda con estas Instituciones.

En cuanto al trabajador, es necesario que esté registrado como demandante de empleo en el SEPE, e inscrito en el programa o Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además debe tener edad comprendida entre los 16 y 25 años, o menos de 30, en el caso de trabajadores con discapacidad reconocida en un porcentaje igual o superior al 33 por ciento.

El contrato de formación tiene una duración que oscila entre 12 y 36 meses, mediante contrato inicial, más un máximo de 2 prórrogas. Hay que tener en cuenta que, previa a la fecha efectiva del alta y con una antelación de unos 20 a 30 días, es necesario hacer la solicitud al SEPE.

Durante un máximo de 18 meses, el trabajador se puede beneficiar de la ayuda de 430 euros, pero las bonificaciones para la empresa se pueden disfrutar a lo largo de toda la vigencia del contrato.

Las empresas podrán aplicar una bonificación del 100% en los seguros sociales, bonifican el 100% del importe de la formación que recibe el trabajador y ahora además, perciben una bonificación adicional de entre 60 y 80 euros.

Nuestros compañeros de Contasult Asesores quieren fomentar el empleo de jóvenes en las mejores condiciones, sin descuidar la formación teórico-práctica necesaria para el desempeño eficiente de cualquier actividad. Muchos de sus clientes ya han contratado personal bajo esta modalidad laboral y se han podido favorecer de sus ventajas.


Training and apprenticeship contract

The main purpose of the training and apprenticeship contract is to completely train workers on a specific profession, via practical training, in the workplace and theoretical training, through the official training of the Professionalism Certificate that is intrinsic to this contract.

Recently, the Official State Bulletin published the grant of 430 Euros that will be allocated to young people under the age of 30, registered in the Youth Guarantee system, under a training and apprenticeship contract.

This model of contract is aimed at encouraging the hiring of young unemployed people under the age of 30, but we also need to know what type of contract currently is most beneficial for the company or the employee.

But, what requirements are needed in order to enjoy these benefits?

In order for the company to be able to hire using this format, it is only necessary to be up-to-date with payments with the Tax Authority and Social Security, that is to say, you cannot have debts with these Institutions.

With regard to workers, it is necessary for them to be registered as a job seeker with the Public Service of State Employment or the National Youth Guarantee System. Also, it is necessary to be aged between 16 and 25, or under the age of 30, in the case of workers with a disability that is recognised to a percentage that is equal or over 33 percent.

The training contract will have a duration that will range between 12 and 36 months, via an initial contract, plus a maximum of 2 extensions. It is necessary to bear in mind that, prior to the effective registration data and around 20 to 30 days, it is necessary to make an application to the Public Service of State Employment.

During a maximum of 18 months, workers can benefit from a grant of 430 Euros, but the discounts for the company can be enjoyed throughout the validity of the contract.

The companies apply a discount of 100% on social security, they discount 100% of the amount of the training received by the worker and now hey also, receive an additional allowance of between 60 and 80 Euros.

At Contasult Asesores we also want to encourage the employment of young people in the best conditions, without neglecting the necessary theoretical and practical training needed to effectively perform any activity. Many of our clients have already hired staff under this work system and have been able to enjoy its benefits.

¿Es correcto enviar documentación a mi Asesor vía WhatsApp?

Si eres de los que envías información o documentos con tu teléfono móvil, usando aplicaciones como WhatsApp u otras Apps de mensajería, te puede interesar conocer algunos de los principios de la protección de datos y el nuevo Reglamento que mediante Directiva Europa entró en vigor el pasado mes de Mayo de 2016, si bien no había sido trasladado a nuestra Legislación, y comenzó a ser de obligado cumplimiento y aplicación en nuestro país, desde el pasado 25 de Mayo de 2018.

Es bien conocida por todos, la velocidad a la que nuestros estilos de vida van mutando y adaptándose con el uso de las nuevas tecnologías, y la Legislación debe adaptarse a este nuevo entorno.

Este nuevo Reglamento de ámbito europeo, viene a sustituir a la Ley orgánica de Protección de Datos (LOPD), en la que se establecían entre otros, los siguientes principios de protección: calidad, información, datos especialmente protegidos, confidencialidad o seguridad de los datos, procediéndose a establecer un régimen de protección más riguroso y adaptado tanto a las nuevas aplicaciones que tienen presencia en nuestra sociedad, como a los hechos y vulneraciones que se vienen produciendo en el tratamiento de la información y datos que introducimos y son utilizados por las empresas para su negocio.

Atendiendo a los principios antes mencionados y teniendo en cuenta que los datos que poseemos y transferimos pueden comprometer nuestra privacidad y que son deseados tanto por determinadas empresas para incrementar sus beneficios, como por los ciber delincuentes, debe saber que aplicaciones tan conocidas como WhatsApp no cumplen la normativa, ya que no se reconoce como prestador de servicio ni sigue instrucciones de un responsable de los ficheros que contienen información confidencial, por lo que se convierte en una herramienta insegura para transferir información y documentación privada.

En los últimos meses estamos conociendo algunos apercibimientos y resoluciones  por parte de la AEPD, que declaran infractores por ceder y tratar datos personales sin consentimiento de los usuarios, a Compañías tan conocidas como Facebook y WhatsApp. Nos atrevemos a vaticinar que con la entrada en vigor del nuevo reglamento, esta agencia incrementará las sanciones por el incumplimiento que se produzca en sede de cada empresa.

Nuestros compañeros de Contasult Asesores, en su firme convencimiento del cumplimiento de la Norma y en un continuo proceso de digitalización y mejora en los medios de comunicación e intercambio de información, lanzará próximamente un servicio exclusivo para sus clientes. Se trata de un portal que conectará Asesor, empresa y empleado para distribuir documentos y nóminas de forma sencilla, segura y legal.

El principal objetivo perseguido con la puesta en marcha de este nuevo servicio es poner a disposición de los clientes documentos como impuestos, escrituras, contratos o información de su titularidad mediante un acceso seguro, con certificación de envío y cumpliendo con el RGPD.


Is it correct to send documentation to my Adviser via WhatsApp?

If you are someone who sends information or documents with your mobile phone, using applications such as WhatsApp or other messaging apps, you may be interested in finding out some of the principles of data protection and the new Regulation that via the European Directive came into force in May 2016, however it had not been transferred into our Legislation, and it will begin to be mandatory and apply in our country on 25 May 2018.

Everyone is well aware that the speed with which our lifestyles gradually change and adapt to the use of new technologies, and Legislation needs to adapt to this new environment.

This new European Legislation replaces the Organic Law on Data Protection (LOPD) which established among others, the following protection principles: quality, information, sensitive data, confidentiality and security of data, and a more rigorous protection regime will now be established that is adapted to the new applications that have a presence in our society, as well as the events and breaches that occur in the handling of information and data that we enter and that are used by companies for their business.

Considering the aforementioned principles and bearing in mind that the data that we hold and transfer can compromise our privacy and that it is wanted by certain companies in order to increase their profits as well as by cyber criminals, you need to know that very well-known applications such as WhatsApp do not comply with the regulations, as it is not recognised as a service provider and nor does not follow the instructions of an entity responsible for the files that contain confidential information, therefore it becomes an insecure tools for transferring information and private documentation.

In recent months we have seen some warnings and ruling from the Spanish Data Protection Agency (AEPD), which has declared very well-known companies such as Facebook and WhatsApp to be offenders for assigning and handling personal data without the consent of users. We dare to predict that with the entry into force of the new regulation, this agency will increase the sanctions for the breaches that take place in the headquarters of each company.

Contasult Asesores, with its firm conviction to comply with the Standard and an ongoing digitalization and improvement service for media and the exchange of information, will soon launch an exclusive service for its clients. This is a portal that will connect the Advisor, company and employee in order to distribute documents and payslips in a simple, secure and legal manner.

The main objective sought with the launch of this new service is to provide clients with documents such as taxes, deeds, contracts or information held by them via secure access, with sending certification and in compliance with the General Register of Data Protection (RGPD).

Reclamación al Banco de gastos generados relativos a su Hipoteca

hipoteca img

Este mes hemos creído necesario realizar este artículo dirigido a todas aquellas personas que hayan formalizado una hipoteca, pues hemos recibido un aluvión de consultas tras la publicación en los medios de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara abusiva la cláusula recogida en la mayoría de las escrituras de préstamo hipotecario por la que se repercute en el cliente el abono de los gastos del otorgamiento de la escritura, actos preparatorios y gastos judiciales.

Hasta el momento, los bancos habían venido repercutiendo en el cliente la totalidad de los gastos que se ocasionaban con motivo del otorgamiento de la escritura de hipoteca, de su inscripción e impuestos (o incluso gastos y costas judiciales posteriores) pero, declarada ahora abusiva dicha cláusula por el Tribunal Supremo,  deberán devolverlos.

En lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real),  tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación, siendo en este caso el banco quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamos con garantía hipotecaria, ya que así constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución especial. Por tanto, se trata de una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas.

De igual manera, la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad  es plenamente ajustada a derecho.

Aquellos con derecho a reclamar estos gastos serán todos los que tengan una hipoteca viva o que hayan amortizado no más de cuatro años atrás. El camino a seguir es acudir primero al defensor del cliente y después a la justicia. Existe un plazo de cuatro años para reclamar a contar desde la Sentencia de diciembre de 2015, es decir, el plazo límite es el 24 de diciembre de 2019. Para los que han amortizado la hipoteca, podrán reclamar si el pago total se hizo cuatro años antes de la sentencia, es decir, desde el 23 de diciembre de 2011 en adelante. Solo afecta a consumidores, no a empresas, y afecta tanto a hipotecas de vivienda habitual como de segundas o terceras viviendas.

Aunque nunca se puede pensar que es fácil ganar las demandas y menos contra los bancos, que tienen recursos suficientes para recurrir todo lo que no les favorezca, el hecho de que bancos como Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Ibercaja hayan modificado sus cláusulas tras la Sentencia del Supremo indica que son conscientes de que no estaban bien establecidas. Pese a todo, hay demandas a favor de los clientes, pero también otras en contra. Todavía no existen muchos pronunciamientos, por lo que es pronto para saber si los clientes ganarán de forma masiva.

En Sotogrande Legal Services nos ponemos a su disposición para estudiar su caso concreto, siendo necesario que nos aporten: escritura de hipoteca, ampliaciones o novaciones posteriores a esta, recibo de pago de hipoteca (solo si sigue vigente), factura de la gestoría tramitadora, factura del notario y del Registro de la Propiedad correspondiente, carta de pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, certificado de empadronamiento (si el inmueble hipotecado fuera su vivienda habitual) y escritura de cancelación de hipoteca (si estuviera cancelada y tuviera dicho documento).

 

Seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos

No cabe duda que la regulación actual de las Sociedades Mercantiles, es especialmente exigente con los administradores y directivos de  las mismas. El entorno en el que los Consejeros, administradores y directivos adoptan sus decisiones diarias es cada vez más complejo y dinámico.

El nuevo marco normativo endurece su responsabilidad civil (Ley de Sociedades de Capital) y penal (Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal), pues establece una responsabilidad solidaria de todos los administradores que participen en la adopción de un acuerdo perjudicial para el patrimonio empresarial, de socios o de terceros. Además, imponen la asunción como propias de las obligaciones sociales incumplidas por no promover la disolución de una empresa a su debido tiempo tal y como dispone la ley, y sancionan con la inhabilitación del cargo y la pérdida de derechos acreedores como consecuencia de una acción de responsabilidad concursal. Y sin olvidarnos que penalizan por la mera omisión de medidas de vigilancia y la no implementación de programas de prevención y detección de riesgos laborales.

Ante esta situación surge la necesidad de proteger incluso el patrimonio de las personas que toman decisiones diariamente en cualquier empresa. Una solución ante esta nueva situación de estos órganos sociales es la de suscribir un seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos (conocidos como “pólizas D & O”).

Se trata de un contrato por el que el asegurador se obliga a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del administrador o directivo de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho relativo a su actuación como tal y de cuyas consecuencias es civilmente responsable. Es decir, es un seguro que cubre la responsabilidad Civil de Consejeros y directivos exonerando su patrimonio personal por reclamaciones de terceros derivadas de actos incorrectos en el ejercicio del cargo.

Recuerde que este tipo de seguros:

  • Protege el patrimonio personal de las personas físicas. No es un seguro para la empresa, aunque está sea el tomador habitual.
  • Únicamente responde de perjuicios financieros, no cubre daños corporales ni materiales.

 

Habitualmente garantizan los gastos de defensa (incluidas las costas procesales), de investigación, así como las indemnizaciones debidas como consecuencia de reclamaciones de terceros presentadas durante el periodo de vigencia del seguro. Igualmente, siempre y cuando la propia sociedad figure como asegurada, asumen como cobertura básica el reembolso a la sociedad de la indemnización que ésta hubiera abonado al directivo o administrador.

Por ello, en el momento de contratar una póliza de seguro D&O, o al revisar las pólizas ya contratadas, es importante que las mismas sean adecuadas a las necesidades y características de la sociedad y de los asegurados, y analizar qué riesgos cubre y sus efectos.

En Sotogrande Legal Services podemos ofrecerle un completo catálogo de pólizas de seguros, incluyendo este de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos, por lo que puede ponerse en contacto con nosotros si desea que le facilitemos un presupuesto sin compromiso.

 

 

Sus Abogados en Sotogrande le informan acerca de prestamos de propietarios de Sociedades a la propia Sociedad

Si usted quiere asumir el compromiso de ayudar a su empresa, cubriendo las necesidades puntuales de tesorería que puedan surgir a la misma pero no quiere hacer sus aportaciones en forma de aumento de capital, sino como préstamo, para evitar los costes del aumento (gastos de notario y Registro) y poder recuperar su dinero cuando la sociedad se recupere (no podría hacerlo tan fácilmente si aportase el dinero en concepto de capital), puede documentarlo de forma sencilla firmando un único contrato, en el que usted ofrezca a la sociedad una cantidad máxima de la que podrá ir disponiendo conforme lo necesite (es decir, como una póliza de crédito). De esta forma evitará la firma de un contrato de préstamo para cada aportación que realice y tendrá flexibilidad para que la sociedad le reintegre el dinero conforme pueda, reduciendo así su deuda.

Para ello:

  • Pacte un tipo de interés de mercado (el que pagaría la sociedad si el préstamo se lo hubiese otorgado un tercero), siendo esto conveniente porque, en primer lugar, al ser una operación entre la sociedad y su socio, Hacienda controla que se valore de esta forma (en ocasiones, las empresas valoran estas operaciones por encima o por debajo del valor de mercado, para transferir beneficios entre los intervinientes de manera artificiosa); y, en segundo lugar, porque si hay varios socios y solo alguno de ellos realiza el préstamo, la valoración a precios de mercado garantiza que nadie salga perjudicado (ni el socio prestamista se beneficia de la sociedad con un interés superior al de mercado, ni son los otros socios quienes se benefician indirectamente de que el interés sea inferior y la sociedad tenga menos gastos).
  • Respecto al reintegro de capital e intereses, incluya una cláusula en el préstamo en la que se indique que los pagos se imputarán primero a cancelar los intereses y después, una vez cubiertos estos, a cancelar el principal. Además, cabe señalar, por un lado, que no es necesario que firme este contrato ante notario, ni que pague ningún impuesto por formalizarlo. No obstante, preséntelo en la oficina liquidadora de ITP de su Comunidad Autónoma, como exento; así quedara constancia de la fecha y de las condiciones pactadas; y, por otro lado, que si firma el contrato también como administrador de la sociedad, debe solicitar que la junta de socios lo autorice, para que quede claro que no hay conflicto de intereses y que las condiciones pactadas no perjudican a la sociedad.

En el caso de que usted ya haya estado realizando anticipos a la sociedad y observa que ésta no va a generar tesorería para devolverlos, lo mejor es que convierta esa deuda a su favor en capital. Ello mejorará la imagen de su negocio, ya que la cuenta a pagar se convertirá en fondos propios y facilitará su acceso al crédito bancario, pues reducirá el endeudamiento. En Sotogrande Legal Services le prestaremos la asistencia oportuna y le indicaremos los pasos a dar de forma más segura.

 

Sus Abogados en Sotogrande les informan acerca de las novedades en el calculo de la Plusvalia

El día 10 de marzo de 2016 el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de la ciudad de Jaén, dictó una sentencia que condenaba al Ayuntamiento de la misma ciudad a la devolución a los contribuyentes de las cantidades abonadas en concepto de plusvalía de los inmuebles transmitidos.

Dicha resolución se debió a que, según el Magistrado-Juez el cálculo de la base imponible ha de hacerse atendiendo al incremento del valor del inmueble desde el momento en el que tuviera lugar la adquisición de este hasta el momento de la transmisión del mismo y no, como pretendía el Ayuntamiento, atendiendo al ingreso económico con la venta ni el beneficio que de ello deriva.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante su Sentencia de 18 de julio de 2013 y de 22 marzo de 2012, en las que se opta por que, si se acredita que el valor real del inmueble no se ha incrementado mientras el contribuyente era su propietario, no tendrá lugar el hecho imponible del IIVTNU (Plusvalía) y, diciendo concretamente la de 18 de julio:

“El incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo  ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del “método de cálculo” y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando si ha existido incremento de valor, pero la cuantía de este es probadamente inferior a la resultante de aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.”

Es común que los Ayuntamientos liquiden las plusvalías sin tener en cuenta el criterio establecido por las citadas sentencias, procediendo, por tanto, a cobrar el impuesto cuando no ha lugar a ello o a cobrar cantidades superiores a las que realmente corresponden.

En Sotogrande Legal Services nos ponemos a su disposición para estudiar si usted está pagando una Plusvalía superior a la que le corresponde.

 

 

Colaboración entre Sotogrande Legal Services y el Colegio Internacional de Sotogrande

Sotogrande Legal Services es empresa colaboradora del COLEGIO INTERNACIONAL DE SOTOGRANDE y ha tenido el placer de contar con la ayuda de dos estudiantes del colegio que, durante diez días se incorporaron a nuestras oficinas, como trabajadoras, realizando su intership para poder, a través de la práctica y la experiencia en empresas activas, elegir su futura profesión. Samantha y Úrsula pasaron unos días entre el equipo de Contasult y de Sotogrande Legal Services aportando su trabajo y sus ganas de saber cómo funcionan una asesoría y un despacho de abogados en su día a día…

Practicas